En ausencia de justicia de agua, las comunidades alzan sus voces

Por Laura Paskus y Caitlin Coleman

Hace dos años, una compañía que analiza información sobre propiedades compiló las cifras de más de 8,600 códigos postales de los EE. UU. y descubrió que el vecindario más contaminado del país estaba en el noreste de Denver.  El estudio hecho por ATTOM Data Solutions indica que el código postal 80216 de Denver, que incluye a Globeville, Elyra-Swansea y River North, está en lo más alto de su “índice de peligro ambiental”.  El Inventario de Liberaciones Tóxicas de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) confirmó que en el 2017 todavía existían 22 instalaciones que liberaban sustancias químicas tóxicas en el área 80216, y que dichas sustancias incluían níquel, plomo, metanol y creosote, entre otras.

“El vecindario está rodeado de refinerías de gas, el antiguo aeropuerto y también por lo que solía ser una base del ejército donde se hacía gas mostaza”, dice Tom Romero, II, profesor de derecho de la Universidad de Denver quien ha dedicado su carrera al análisis de factores que ocasionaron injusticias ambientales en Colorado.  En el área 80216 se encuentran dos sitios de Superfondo y seis de antiguas zonas industriales, además del nudo creado por el entrecruzamiento de la Interestatal 70 y la Interestatal 25 que separa al vecindario del resto de Denver y aumenta la contaminación debido al tráfico en esas autovías. Según Candi CdeBaca, concejal por el Distrito 9 de la Ciudad de Denver, la zona también alberga una comunidad hispana y latina de bajos recursos.

El año pasado, CdeBaca fue la primera persona en representar a los vecindarios en el Concejo de Denver.  Ella señala una campaña de oposición al Proyecto Central 70 como el comienzo de una movilización de vecindarios para lograr ser representados contra las injusticias ambientales.

En el 2018 comenzaron las obras del Proyecto Central 70 para extender la autovía a través de Denver y que implica demoler el viaducto que hace pasar la I-70 por encima de Elyria-Swansea y reemplazarlo por una autovía subterránea.  Los vecinos tenían una serie de preocupaciones:  que sus hogares fueran expropiados, vivir aún más cerca de la autovía y desenterrar un sitio del Superfondo que podía volver a exponer peligrosos metales pesados y aumentar los riesgos para la salud, dice CdeBaca.

La campaña opositora no logró detener los trabajos de la autovía, pero la comunidad se unió y triunfó en un aspecto: el Departamento de Transportes de Colorado pagará un estudio sanitario de largo plazo y recabará información para determinar si las toxinas del aire, suelo y agua están enfermando a los vecinos. También lograron ser escuchados. “Esas derrotas me sirvieron para que yo comenzara a activar a una parte del poder comunitario sobre el tema del racismo ambiental”, dice CdeBaca. “Ahora tenemos que los grupos que nunca habían tenido representación en el gobierno fue amplificado con los vecindarios que fueron contaminados”.  Ella destaca la importancia de la voz local y de su representación en todas las cuestiones, particularmente para las comunidades que quieren logran justicia ambiental. “Nada es más merecedor de mi apoyo que movilizar el poder de la gente”, dice CdeBaca.

Con los desafíos que significa poder pagar, tener acceso y calidad del agua – y que todos pueden afectar la salud – el papel del agua en Colorado no siempre es el de fomentar comunidades saludables, pero podría y debería serlo.  ¿Qué factores contribuyen a que estas comunidades no alcancen su plenitud? ¿Qué se necesita para reconocer los problemas y la manera en que evolucionaron, ocuparse de la falta de equilibrio en el poder, involucrar a la comunidad y restablecer la justicia que no existe?

¿QUÉ ES JUSTICIA AMBIENTAL?

Las injusticias ambientales de Colorado, o de cualquier otra parte, pueden alcanzar ciudades y suburbios, tierras tribales soberanas y comunidades rurales. Tienen su raíz en narrativas de inmigración, desarrollo e industria, y en la dinámica del poder político, y se vieron influenciadas por la evolución de marcos normativos y legales.

En 1990, William Reilly, administrador de EPA, creó un grupo de trabajo sobre equidad ambiental (Environmental Equity Workgroup) para evaluar evidencia que las “comunidades con minorías raciales y de bajos recursos tienen mayor riesgo ambiental que el resto de la sociedad”. En 1992, la agencia estableció una Oficina de Equidad Ambiental – que en 1994 cambió ese nombre por el de Oficina de Justicia Ambiental – y define la justicia ambiental como “el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos con respecto al desarrollo, implementación y aplicación de leyes, normas y políticas ambientales”.  A partir de entonces, se ha expandido para ofrecer una variedad de programas que prestan servicios desde subsidios hasta ayuda técnica y capacitación. También administra una línea de acceso telefónico inmediato de justicia ambiental nacional (National Environmental Justice Hotline).

Otra temprana definición de justicia ambiental fue dada por Bunyan Bryant, profesor de la Universidad de Michigan, quien dijo que se refiere a lugares “donde la gente puede interactuar con certeza de tener un ambiente seguro, enriquecedor y productivo. La justicia ambiental se logra cuando la gente puede alcanzar su potencial más alto”.

Los académicos agregaron otras capas a la definición —no se trata solamente de identificar  quien es o no es perjudicado, sino que incluye algún tipo de reparación, dice Kelsea MacIlroy, profesora adjunta y candidata al doctorado del departamento de sociología de la Universidad Estatal de Colorado.

“Hay muchas maneras diferentes de hablar sobre justicia que no son solamente sobre quién y cómo, sino que también se refieren a un componente de justicia social a largo plazo”, dice MacIlroy. “¿Tiene realmente la comunidad un auténtico lugar en la mesa que se ocupa de los males?”

80216 puede sentir todo esto. “Denver fue segregado y esa segregación se manifestó de muy diferentes maneras en lo que refiere al agua” dice Romero. “Las comunidades de color de Denver, particularmente las afroamericanas y las mexicanoamericanas, vivían muy cerca de las zonas de industrias pesadas, que es donde se encuentran las viviendas accesibles”. Según Romero, ése es un patrón y una práctica que se establecieron en el siglo XX y que continúan vigentes hoy en día. Muchos casos de justicia ambiental tienen raíces similares, como prácticas repetidas que en definitiva crean ganadores y perdedores.

CUANDO EL GOBIERNO FRACASA

En 2015 y 2016, los estadounidenses pudieron ver el desarrollo de uno de los casos de justicia ambiental de más alto perfil en Flint, Michigan, cuando cañerías de plomo corroídas envenenaron a su población.

En abril de 2014, para ahorrar dinero, la ciudad cambió su fuente de agua potable y comenzó a proveer a sus habitantes agua del río Flint que no estaba tratada según las reglas federales anticorrosivas. La población era predominantemente afroamericana y más del 40 por ciento de los residentes estaba por debajo del nivel de pobreza. Según el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental no hay ningún nivel de exposición al plomo que sea seguro, pero la exposición a niveles más altos conduce a más problemas de salud, incluyendo anemia, daño renal y cerebral, enfermedades coronarias y disminución del nivel intelectual, entre otros. Para los niños, el impacto es especialmente tóxico.

En el verano de 2015, los residentes comenzaron a notar una tonalidad herrumbrosa en el agua que salía de sus grifos, pero recién en octubre de 2015 el gobernador ordenó que se cambiara la fuente del agua de Flint. Para entonces, si bien el agua nueva era segura, las cañerías no lo eran – las cañerías corroídas seguían filtrando plomo al agua potable. Se distribuyó agua envasada y filtros para grifos con el fin de eliminar el plomo en los lugares de consumo.

Más de cinco años después del comienzo de la crisis en Flint, la ciudad y sus residentes todavía se están recuperando. El programa FAST Start de la Flint está quitando y reemplazando todas las líneas de plomo y de acero galvanizado que tiene la ciudad, pero la obra es muy grande y costosa. FAST Start recibió $25 millones del estado de Michigan y $100 millones le fueron asignados por el congreso a través de la Ley de 2016 Mejora Federal de Infraestructura Hídrica para la Nación. Hasta diciembre de 2019, menos del 40 por ciento de las cañerías de la ciudad habían sido reemplazadas y muchos residentes todavía seguían dependiendo de filtros en sus grifos o de agua envasada.

Quince funcionarios estatales y locales fueron acusados de varios delitos, incluyendo homicidio culposo – algunos firmaron acuerdos de declaración de culpabilidad y la mayoría de los casos fueron desestimados.  Los residentes ahora desconfían de su agua y de sus proveedores de agua. Esa desconfianza ha invadido el país y muchas otras comunidades se enfrentan actualmente con elevados niveles de plomo y el reemplazo de cañerías de plomo.

Según el informe final del grupo de asesores sobre el agua de Flint (Water Advisory Task Force), publicado en 2016, el incumplimiento de protocolos, la falta de atención a los problemas y la desprotección del público se produjeron en casi todos los niveles del gobierno.  No solamente se proveía a los clientes agua que no era segura, sino que los funcionarios del gobierno actuaron con lentitud para reconocer los problemas y rectificarlos mediante la provisión de agua segura. Según el informe de 2016, la crisis de agua de Flint es una “historia de fracaso, intransigencia, falta de preparación, lentitud e inacción gubernamental y de justicia ambiental”. El mismo informe dice que de haber existido un control local de recursos y decisiones, los problemas jamás hubieran ocurrido.

HACIENDO FRENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS ETERNAS

El agua tóxica de Flint no difiere de los problemas con la calidad del agua que se descubrieron en 2016 en Fountain y Security-Widefield, poblaciones de Colorado. Fue entonces que los proveedores y residentes se enteraron que se habían detectado sustancias químicas eternas o perfluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) en niveles superiores a los recomendados por los nuevos índices de EPA de 2016. El origen de las sustancias: la espuma extintora utilizada durante décadas en los cursos de capacitación para extinguir incendios de combustibles en la base Peterson de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Actualmente, la Fuerza Aérea utiliza una espuma diferente en la base y en 2019 la legislatura de Colorado dictó restricciones y prohibiciones para el uso de espuma PFAS, pero el daño ya había sido hecho. Las PFAS son conocidas como “sustancias químicas eternas” porque se bioacumulan y permanecen durante mucho tiempo en el ambiente y que tienen medias vidas (el tiempo que demora la sustancia química en disminuir a la mitad de su valor original) de dos a ocho años en los seres humanos, según la sustancia de que se trate. Se las ha asociado con cánceres, enfermedades hepáticas y renales, colesterol elevado, nacimiento de bebés con escaso peso y otras dolencias.

“En esa zona terminamos teniendo 16 miembros de una familia con cáncer, y cinco de ellos fallecieron por cáncer renal”, dijo Mark Favors durante un evento público sobre PFAS en la Escuela de Minas de Colorado en enero de 2020. Favors solía vivir en Security, es veterano del ejército estadounidense, activista contra PFAS y miembro de la coalición Agua Limpia de Fountain Valley. “Muchos de mis familiares son veteranos militares. Mientras uno de mis primos estaba en dos misiones de combate en Irak, la Fuerza Aérea estaba contaminando su agua potable. Esa es la parte loca. La manera en que lo reconocieron y lo difícil que es lograr algún tipo de justicia en la cuestión”, dice Favors.

Estas poblaciones del condado de El Paso no albergan lo que frecuentemente son consideradas como poblaciones desfavorecidas – su índice de pobreza es entre el 8 y el 9 por ciento, ligeramente inferior al promedio estatal; aproximadamente 60 por ciento de la población es blanca y alrededor del 20 por ciento son hispanos o latinos, según el censo nacional de 2017. Sin embargo, las cifras del censo no representan el personal militar que reside temporariamente en la zona.  Según el informe de indicadores sanitarios del condado El Paso, publicado en 2012, cuatro bases militares del condado dan empleo a 40,500 personas de personal militar y a aproximadamente otras 21,000 de personal contratado.

En 2016, cuando EPA ajustó sus niveles recomendados de salud y resultaron 10 veces más restrictivos que los recomendados previamente, los proveedores de agua se dieron cuenta que tenían un problema. Actuaron rápidamente para proveer gratuitamente a sus clientes agua embotellada y estaciones para surtirse de agua mientras suspendían el uso del acuífero, y luego negociaron acuerdos para comprar agua limpia a otras municipalidades. Algunos de esos acuerdos fueron solamente temporarios. A partir de junio de 2018, la ciudad de Fountain ha logrado recuperar su aprovisionamiento de agua freática, tratándola con unidades de carbón activado granular provistas por la Fuerza Aérea. Actualmente trabaja con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense para construir una planta de tratamiento completa y permanente de agua freática.  Algo parecido ha sucedido en Security, los Distritos de Agua y Saneamiento de Security han estado importando agua desde 2016, principalmente del reservorio de Pueblo, para satisfacer las necesidades de sus habitantes, lo que implicó la construcción de nuevas tuberías y la compra de más agua a instalaciones de Colorado Springs—un costo adicional. Por un tiempo, Security evitó aumentar el precio del agua pagando esos costos con sus propias reservas monetarias. En 2018, los habitantes tuvieron que absorber un aumento de 15 por ciento, y uno nuevo de 9.5 por ciento en 2019.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también está construyendo una planta de tratamiento en  Security, que debería completarse a fines de 2020. Una vez que la planta esté terminada, Security volverá a tener una combinación de agua freática y agua de superficie, y los precios deberán estabilizarse cuando se hayan recuperado los costos de las tuberías, dice Roy Heald, gerente general de Distritos de Agua y Saneamiento de Security.

¿Quién paga por proteger la salud de quienes dependen de esta agua? “¿Qué responsabilidad tuvo [la Fuerza Aérea] para corregir esto?  ¿Qué decir de los distritos locales de sanidad? Ellos tienen que ocuparse de esto. No es culpa nuestra, ellos están encargados de proveer agua limpia”, dice MacIlroy en la Universidad Estatal de Colorado.

“La Fuerza Aérea ha intervenido”, dice Heald. Pero, es posible que tenga que hacer más – en 2019, Distritos de Agua y Saneamiento de Security y la Fundación de la Comunidad de Pikes Peak, otra entidad afectada, demandaron a la Fuerza Aérea para recuperar los costos de comprar y traer agua limpia a través de tuberías. En la demanda se citan negligencia en el desecho de sustancias químicas, reparación de la contaminación y falta de cumplimiento en la responsabilidad de prevenir condiciones peligrosas en la propiedad de la demandada. Heald no quiso hacer comentarios sobre el litigio pendiente, pero dice que “Siempre que haya un nivel adecuado de reservas [en efectivo], si nos lloviera dinero del cielo no habría ningún otro lugar donde ponerlo salvo devolverlo a nuestros clientes”.  Esos costos recuperados seguramente se transformarían en precios más bajos o estabilizados.

Los vecinos también están reclamando justicia a través de una demanda colectiva contra 3M, Tyco Fire Products y otros fabricantes de la espuma extintora presentada por el bufete legal McDivitt, con base en Colorado Springs, junto a un bufete de Nueva York especializado en demandas por lesiones personales.

Según Favors, “Tendrá que haber alguna rendición de cuentas y justicia para esta gente que durante años y años bebió grandes cantidades de sustancias químicas PFAS incoloras e inodoras”. Favors pide una mejor supervisión y exige que quienes contaminaron sean responsables.

Todavía hay mucho que se desconoce respecto a la manera de enfrentar los problemas de salud relacionados con sustancias químicas PFAS, pero el condado de El Paso fue seleccionado para participar en dos estudios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para una mejor determinación de los peligros de exposición humana a dichas sustancias y para evaluar los caminos que llevan a la exposición.

Localmente, el estudio y las demandas pueden ayudar a recuperar algunos daños financieros – pero la contaminación del agua relacionada con sustancias químicas PFAS no es exclusiva de las comunidades de Colorado. En julio de 2019, el Grupo de Trabajo Ambiental (Environmental Working Group) localizó por lo menos 712 casos documentados de contaminación por PFAS en 49 estados. Los legisladores nacionales, a la espera de implementar una normativa para el agua potable, estiman que el número es aún mayor: 1,400 comunidades sufren contaminación por sustancias químicas PFAS. Hasta la fecha, el senado de los Estados Unidos aún no ha presentado una propuesta de acta regulatoria de sustancias químicas PFAS. Pero, en febrero de este año, EPA presentó un borrador de propuesta para considerar la regulación de PFOS y PFOA, que son dos de los miles de sustancias PFAS.

JUSTICIA A TRAVÉS DE DERECHOS DE AGUA

La justicia ambiental no es un tema de exclusividad urbana. Las injusticias relacionadas con contaminación, salud pública, acceso, asequibilidad y agua pueden forjarse en cualquier parte – incluso en zonas rurales y suburbanas. Para las comunidades rurales, la cuestión llega a un punto crítico cuando la gente, organizaciones o entidades que están en el poder buscan más agua para sus necesidades a expensas de otros.

En el valle de San Luis, en el sur de Colorado, las comunidades con acequias lucharon durante años para proteger sus derechos de agua y estilo de vida. Las acequias son un sistema de irrigación basado en la proporcionalidad introducido por los colonos originales españoles y mexicanos del sur de Colorado. “Lo que significa es que toda la comunidad se beneficia solamente cuando todos los recursos son compartidos”, dice Judy López, directora de proyecto de Colorado Open Lands. López trabaja con propietarios de tierras para preservar el hábitat de la vida silvestre, bosques, tierras de importancia cultural y tierras de agricultura – incluso las que reciben agua de las acequias.

El pueblo de San Luis, corazón de la comunidad de acequias de Colorado, es uno de los más desfavorecidos económicamente del estado. Se encuentra en el condado Costilla, donde más del 60 por ciento de la población es hispana o latina – más que cualquier otro condado de Colorado – y 25 por ciento de sus habitantes viven en la pobreza, según el censo nacional de 2017. Pero, sus habitantes son propietarios de larga data, nunca se han separado de la tierra que colonizaron sus antepasados hace cuatro a siete generaciones, dice López. Ellos tienen los derechos de agua originales del estado, inclusive el derecho más antiguo de operación continua: San Luis People’s Ditch (Zanja de agua de la gente de San Luis), una acequia establecida en 1852.

Antes de convertirse en estado, el gobierno territorial reconocía los derechos de agua de acequia. Pero, cuando la constitución de Colorado estableció el derecho de primera apropiación, el esquema de prioridad de “primero en el tiempo, primero en el derecho” se transformó en ley, desafiando los derechos comunales.

“Era muy difícil que [las acequias] fueran a un tribunal de aguas y dijeran: ‘Este tipo se está llevando mi agua’”, dice López. “Era muy difícil cuantificar el uso y quién estaba usando el agua”.

Recién en 2009 la legislatura de Colorado pasó la ley de Reconocimiento de Acequias. La ley fue desarrollada por el representante Ed Vigil con ayuda de la asociación de acequias de Sangre de Cristo, una entidad que representa a más de 73 acequias y 300 familias que dependen de ellas. Esta ley, enmendada en 2013, solidifica los derechos de los usuarios de acequias. Según el Manual de Acequias de Colorado, permite que “las acequias continúen ejerciendo su papel tradicional de que las comunidades regulen el acceso al agua, y también fortalece la capacidad de las comunidades para proteger su agua”.

Para ser reconocidas por la Ley de Reconocimiento de Acequias, fue necesario que las acequias tuvieran reglamentos.  Durante los últimos seis años, Colorado Open Lands, la Asociación de Acequias de Sangre de Cristo y la Universidad de Colorado en Boulder se asociaron para ayudar a redactar los reglamentos de 42 acequias y así proteger sus aguas. Dice López que “En gran medida, los reglamentos todavía se basaban en tradiciones orales e incluían un lenguaje protectivo que decía que, en caso de venderse un derecho de agua o una porción de tierra, esa acequia tiene la primera opción para comprar esos derechos”.

Ni siquiera tener derechos de agua garantiza el acceso al agua: En las últimas décadas, el gobierno federal resolvió disputas de larga data sobre derechos de agua con tribus soberanas y en muchos casos se estableció que los derechos tribales de agua fueran retroactivos a la fecha en que sus reservas habían sido establecidas. Si bien actualmente las tribus tienen los derechos de agua de más antiguo establecimiento, no los han tenido siempre y todavía se topan con barreras estructurales y financieras que les impide desarrollar el agua y obtener el verdadero beneficio de esos derechos.

Entre más de 570 tribus reconocidas federalmente en los Estados Unidos, hasta 2019 solamente se habían aprobado 36 acuerdos por derechos tribales de agua. Las tribus Ute Mountain (winimuche) y South Ute del sur de Colorado se encuentran entre ese pequeño número, pero, a pesar de su larga trayectoria, las tribus todavía no tienen acceso a toda el agua que les pertenece.

Los derechos tribales de agua tienen sus raíces en la doctrina Winters, un caso de 1908 que estableció derechos tribales de agua en base a la fecha en que sus reservas fueron establecidas por el gobierno federal – posicionando así los derechos tribales de agua “en primer lugar” entre los usuarios.

En las décadas de los años setenta y ochenta, el gobierno federal presentó y solucionó demandas en nombre de las tribus Ute Mountain y Southern Ute por las aguas de superficie del sudoeste de Colorado. En los años ochenta, el Congreso aprobó un acuerdo entre las tribus, el gobierno federal y otras partes; en el año 2000, el acuerdo por los derechos de los indios ute de Colorado fue enmendado y se reconocieron a las tribus derechos de agua del Proyecto Ánimas-La Plata (A-LP) propuesto por la Oficina Federal de Recuperación de Tierras (U.S. Bureau of Reclamation), como así también del reservorio McPhee del Proyecto Dolores. La construcción de A-LP comenzó en 2001, y su característica distintiva – el lago Nighthorse, así llamado por el senador Ben Nighthorse Campbell – comenzó a llenarse en 2009.

Antes del Proyecto Dolores, mucha gente que vivía en Towaoc, en la reserva ute de Ute Mountain, no tenia agua corriente y tenía que transportar agua en camiones para llenar los tanques de sus casas, dice Ernest House, Jr., director de políticas de Keystone Policy Center y ex director de la Comisión de Asuntos Indios de Colorado. Su difunto padre, Ernest House, Sr., fue esencial en esa lucha por el agua. “Tuve suerte; mi padre pudo ver A-LP finalizado.  Creo que probablemente ni siquiera él mismo creía que iba a hacerse y que podía hacerse”, dice House, Jr..  Pero, aún hoy en día, algunas comunidades ute de Southern Ute y Ute Mountain no tienen acceso al agua, y las envejecidas infraestructuras de los años ochenta necesitan actualizaciones y reparaciones.

“Nuestras tribus, como naciones soberanas, no pueden mantenerse o seguir adelante sin tener acceso al agua”, dice House. “Necesitamos recordarle a la gente que en Colorado tenemos naciones tribales y que hay otras tribus para las que Colorado es su hogar y que fueron sacadas del estado, ya sea por tratados o por remoción forzosa”, dice él, y agrega que reconocer el difícil pasado debe ser parte de conversaciones sobre el futuro.

Esas conversaciones incluyen una planificación a nivel estatal, regional y federal. Las tribus de Colorado están participando en un proceso de mesas redondas sobre la Cuenca del Colorado, y ambas tribus ocupan asientos en la mesa redonda de la Cuenca Sudoeste, dice Greg Johnson, quien está al frente de la Sección de Planificación de Aprovisionamiento de Agua del Comité de Conservación de Agua de Colorado (además de ser parte del Consejo Administrativo de Educación sobre el Agua de Colorado). A través de las mesas redondas, los participantes locales llevan a cabo una planificación del agua de toda la cuenca que eventualmente se integra al plan estatal de Colorado Water. Sin embargo, hasta hace poco, la participación tribal en las negociaciones regionales sobre el río Colorado entre los siete estados norteamericanos de la cuenca y el gobierno han sido inexistentes. Se está produciendo un cambio —un estudio federal de 2018 sobre agua tribal destacó la manera en que los recursos de agua tribal pueden impactar las operaciones del río Colorado, mientras que una nueva iniciativa sobre agua y tribus está trabajando para desarrollar la capacidad y la participación tribal en negociaciones por toda la cuenca hídrica.

“Los utes han estado en lo que llamamos Colorado los últimos 10 a 12 mil años”, dice House. “Sería una vergüenza que nos dejaran afuera de las conversaciones [sobre el agua]”.

LOS COSTOS EXTERNOS DE LA INDUSTRIA

El gobierno es vital para ocuparse del legado de la injusticia ambiental y prevenir futuros problemas, pero encontrar soluciones también requiere la reconsideración de cómo se hacen las cosas.

Teniendo en cuenta la relación de Colorado con la industria de extracción minera, que puede verse en los pueblos de montaña marcados por minas del siglo XIX, las comunidades ricas en uranio como Nuica, y la escalada de la perforación para gas y petróleo que se hace actualmente, Colorado es un “epicentro” de problemas de extracción y de justicia ambiental, según dice Stephanie Malin, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Colorado y socióloga que estudia el desarrollo de la energía y extracción.

La falta de control local en el pasado ha sido especialmente frustrante, dice Malin, dado que las empresas privadas obtienen provecho de los recursos, pero transfieren el impacto a otros. Al fin y al cabo, las industrias de extracción tienen un historial de hacer que las comunidades y los gobiernos se hagan cargo de los costos de limpieza.

La mina Gold King es un ejemplo de alto perfil.  En agosto de 2015, las aguas residuales de una mina abandonada del condado San Juan contaminaron el río Ánimas, entre Silverton y Durango. Las empresas contratadas por EPA accidentalmente hicieron que se vertieran en el río Ánimas unos 3 millones de galones de agua de esa mina que contenía abundantes metales pesados.   Nuevo México, Utah y la Nación Navajo presentaron demandas contra EPA; mientras algunos agricultores sostenían que no podían regar sus cultivos, otros decían que tenían que transportar provisiones alternativas de agua por camión.  Pero, los responsables de la contaminación se habían ido mucho tiempo atrás. Al igual que miles de otras minas de la región, la mina Gold King fue abandonada a comienzos del siglo XX.

La Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Medio Ambiental (CERCLA, por sus siglas en inglés)— comúnmente conocida como Superfondo —dictada por el Congreso en 1980, fue establecida originalmente como un “impuesto contaminador” sobre el petróleo, el gas y las compañías químicas que representaban un riesgo de contaminación para las comunidades o el medio ambiente. Pero, el Congreso nunca reautorizó el impuesto que caducó en 1995. A comienzos del siglo XXI, el fondo estaba en bancarrota. Actualmente, todas estas limpiezas son financiadas por los contribuyentes.

“Es parte de un esquema más grande de privatizar las ganancias y nacionalizar o socializar los riesgos”, dice Malin. “Entonces, a las comunidades y al medio ambiente les toca hacerse cargo de costos ‘externos’”. Esos costos externos, dice, son prácticamente imposibles de cuantificar: “Los impactos intergeneracionales son particularmente difíciles de medir, en términos de lo que las comunidades están absorbiendo”.

Según Malin, si bien estos problemas pueden parecer inextricables, existen soluciones. Por ejemplo, el importe de las fianzas que las compañías tienen obligación de pagar por adelantado debería ser más representativo del verdadero costo de la limpieza, dice ella. El año pasado, los legisladores de Colorado tomaron grandes pasos para aliviar a los contribuyentes específicamente en este sentido con una actualización de la vieja ley minera.

La nueva ley de Colorado, HB19-1113, asegura que los impactos a la calidad del agua debidos a la minería sean tenidos en cuenta y que se eviten los impactos a largo plazo. La ley establece que la industria no puede auto-afianzarse, una práctica que permitía a los operadores de minas demostrar que tenían recursos financieros suficientes para cubrir los costos de limpieza en vez de adelantar dichos fondos. Sin esta posibilidad de auto-afianzarse, a los contribuyentes no les tocará tener que pagar por la descontaminación si la compañía quiebra. También requiere que los operadores de minas tengan en cuenta los costos de la protección del agua en sus fianzas – y requiere que la mayoría de ellos construya una planta de tratamiento de calidad del agua. Esto significa que los planes de recuperación deben incluir una fecha razonable de finalización de cualquier tratamiento de calidad del agua que sea necesario, con lo que se espera que Colorado podrá evitar nuevas minas de contaminación perpetua.

En la actualidad, los legisladores estatales están contemplando una ley más amplia de justicia ambiental, la HB20-1143, presentada en enero de 2020. Al momento de la impresión de este documento, la ley todavía estaba siendo considerada. Si la ley avanza tal como fue presentada, la multa civil máxima por violaciones de la calidad del aire y del agua debería aumentar de $10,000 por día a $47,357 por día, y se ajustaría anualmente según el índice de precios al consumidor—trasladando nuevamente parte del peso financiero a quienes contaminan. También autorizaría el uso del dinero del fondo del estado para mejorar la calidad del agua, que es donde van todas esas multas, para pagar proyectos que se ocupan del impacto en las comunidades. La ley también respaldaría los esfuerzos de justicia ambiental del estado con un nuevo comité asesor de justicia ambiental y un defensor del pueblo que estaría a cargo del comité asesor y lucharía en defensa de las comunidades por la justicia ambiental.

EN DEFENSA DEL CLIMA DE MAÑANA

La justicia ambiental no puede limitarse a un solo tema, dice Lizeth Chacón, directora ejecutiva de la Alianza del Pueblo de Colorado, una organización por la justicia racial dirigida por sus miembros con base en Denver y Pueblo. Eso significa ver la justicia ambiental focalizada en el agua junto con otras cuestiones relacionadas, como cambio climático, justicia racial, inequidades, pobreza, vivienda, dinámica del poder, y otras.

“Cuando hablamos con nuestros miembros, hablamos sobre el hecho de que aún con dos trabajos no pueden llevar comida a sus mesas durante la semana, les decimos que ellos viven con miedo de ser deportados y separados de sus familias, les hablamos sobre el hecho de que se enferman, o tienen dolores de cabeza o tienen que gastar dinero en agua porque no pueden tomar la que sale de sus grifos como hace otra gente”, dice ella. “No puede ser visto como un solo tema … tiene que ser un trabajo holístico”.

Actualmente, la Alianza del Pueblo de Colorado está trabajando en una campaña sobre el cambio climático dirigida por sus miembros de Commerce City. “Ellos dijeron, ‘Esto es algo que nos afecta a todos, independientemente de dónde somos, si estamos con o sin documentos, ni  de cuál es nuestro estatus’”, dice ella. La Alianza está focalizada en las emisiones de efecto invernadero que producen un impacto inmediato y efectos a largo plazo sobre el agua.

En el noreste de Denver, gracias a un subsidio de justicia ambiental de EPA, se está haciendo otro enfoque por el cual los organizadores reúnen a jóvenes, líderes locales y científicos para crear un proyecto comunitario de ciencia para hacer que el río South Platte de Denver sea un buen lugar para pescar y nadar. El río fluye a través de Elyria-Swansea y Globeville, pero solía ser un vertedero con un relleno sanitario en sus riberas. Los trabajos de limpieza y la mejora del acceso recreativo, en gran parte encabezados por la asociación sin fines de lucro Greenway Foundation desde su fundación en 1974, han creado oportunidades para practicar piragüismo (kayaking) en el centro, pero el acceso al río en la zona noreste de Denver, más allá del popular parque Confluence, es limitada. Además, los niveles de E. coli son altos con frecuencia, por lo que no se recomienda la natación. Tener acceso a un curso de agua sano hace que las comunidades sean más vibrantes y completas, contribuyendo no sólo a la salud, bienestar, recreación y prácticas culturales y espirituales, sino también a la conexión de la gente. Es posible que este sea el único acceso recreativo acuático para ciertos urbanitas.

En el noreste de Denver, gracias a un subsidio de justicia ambiental de EPA, se está haciendo otro enfoque por el cual los organizadores reúnen a jóvenes, líderes locales y científicos para crear un proyecto comunitario de ciencia para hacer que el río South Platte de Denver sea un buen lugar para pescar y nadar. El río fluye a través de Elyria-Swansea y Globeville, pero solía ser un vertedero con un relleno sanitario en sus riberas. Los trabajos de limpieza y la mejora del acceso recreativo, en gran parte encabezados por la asociación sin fines de lucro Greenway Foundation desde su fundación en 1974, han creado oportunidades para practicar piragüismo (kayaking) en el centro, pero el acceso al río en la zona noreste de Denver, más allá del popular parque Confluence, es limitada.  Además, los niveles de E. coli son altos con frecuencia, por lo que no se recomienda la natación. Tener acceso a un curso de agua sano hace que las comunidades sean más vibrantes y completas, contribuyendo no sólo a la salud, bienestar, recreación y prácticas culturales y espirituales, sino también a la conexión de la gente. Es posible que este sea el único acceso recreativo acuático para ciertos urbanitas

Figueroa, quien creció y tiene familia en Puerto Rico, también presenció de cerca la ola de refugiados que tuvieron que dejar sus hogares después que fueran devastados por el huracán María en 2017.

“Es esencial que se hagan inversiones en infraestructuras resistentes al clima y en la confiabilidad de nuestros sistemas municipales de agua potable”, dice Figueroa. “Pero, desde una perspectiva de equidad, necesitamos asegurar que se invierta más de un trillón de dólares en sistemas de aguas públicas de la nación para beneficiar a la mayoría de la gente”. Su sugerencia para construir resistencia climática de manera equitativa: conservación del agua. “La conservación puede ser un instrumento supremo de equidad; significa agua más barata para la comunidad y más resiliencia y confiabilidad para el sistema. No es solamente una estrategia ideal de cambio climático; también es, de lejos, una de las máximas estrategias de equidad hídrica”. Según dice Figueroa, cuando no se tiene en cuenta la equidad en las decisiones sobre el agua, se puede agudizar la vulnerabilidad de las comunidades.

Ya sea mejorando la justicia ambiental de manera estructural y física a través de la conservación y las resiliencias, o política y financieramente mediante nuevas normativas, fianzas de cumplimiento o imposición de impuestos, hay muchas oportunidades para tratar de hacer mejor las cosas. Pero, también hay elementos de justicia social que requieren trabajo. Chacón recomienda la participación de miembros de la comunidad al comienzo de un proceso – y no al final. Ella dice que es importante escuchar – y no desestimar a las personas cuando están en desacuerdo.

Mirando hacia adelante, depende de todos quienes están en una posición de poder crear activamente un espacio dirigido por comunidades desfavorecidas, dice Chacón. “Para nosotros, la gente más próxima al dolor es la que está más próxima a la solución, porque ellos saben mejor que nadie lo que sucede en su comunidad”.

Algunos de los principios para involucrar a las comunidades en estas situaciones son “casi universales”, dice Michael Wenstrom, un especialista de Colorado sobre protección ambiental con el Programa de Justicia Ambiental de EPA. Wenstrom trabajó en Flint durante un año después de la emergencia hídrica “ayudándoles a conectarse con procesos, a entender cuáles son sus derechos y ayudándoles a aprender cómo hacer que sus voces sean escuchadas de manera efectiva”, como él dice.

Dice Wenstrom que las comunidades y familias que ya estaban abrumadas – por pobreza, crimen, racismo – a menudo no tienen tiempo, experiencia o recursos para reconocer los problemas y mucho menos para ocuparse de ellos. “Además, la gente de comunidades de bajos ingresos pueden estar menos predispuestas a elevar sus voces por varios motivos”, agrega Wenstrom. Las razones pueden incluir racismo, discriminación en el trabajo y, para algunos, el temor de ser identificados como residentes indocumentados.

Dice Wenstrom que cuando funcionarios como él – que vienen de otra parte – visitan comunidades, deben tener cuidado, ser persistentes y esforzarse para desarrollar confianza. “A medida que se afianza la confianza, podemos comenzar a orientar a la gente para atacar problemas relacionados con la contaminación o la salud pública”. Pero, como advierte Wenstrom, si la gente no cree que puede hacer una diferencia, no levantará sus voces en primer lugar.

Laura Paskus es reportera en Albuquerque N.M., donde su programa “Our Land: New Mexico’s Environmental Past, Present and Future” sale al aire en PBS de Nuevo México.  Caitlin Coleman es editora de la revista Headwaters.